Estudio realizado por la EUIPO acerca del Reglamento (UE) 2023/2411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023, relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales que entró en vigor el 16 de noviembre de 2023 aunque no será aplicable hasta el 1 de diciembre de 2025.
Entre otras cosas, el Reglamento estipula que el examen y registro de las indicaciones geográficas artesanales e industriales (IGIC) se realizará en dos fases, la primera a nivel nacional y la segunda a nivel de la Unión Europea. Cada Estado miembro debe designar una autoridad nacional competente para supervisar la fase nacional del proceso de registro.
Con el fin de evaluar el estado del desarrollo de esta regulación la EUIPO ha llevado a cabo un estudio sobre:
- La regulación de esta materia a nivel nacional;
- El interés local en la protección de estas indicaciones geográficas.
En relación con el primer punto solo 16 de los 27 Estados miembros, como Francia, Hungría y Republica Checca, han adoptado legislaciones ad hoc, aunque éstas difieren bastante entre si en términos de protección tasas y medidas de ejecución. De estos 16 estados miembros, Alemania, Italia y España no tienen una legislación sui generis a nivel nacional, pero han adoptado medidas legislativas para proteger ciertos productos tradicionales como indicaciones geográficas.
Aun así, los estados miembros se encuentran actualmente preparando nuevas reglamentaciones para la implementación del Reglamento 2023/2411.
En cuanto al segundo punto y con el fin de detectar las necesidades de protección de este tipo de productos a nivel nacional, se realizaron encuestas a autoridades públicas y organizaciones del sector privado. De un total de 493 encuestas solo 130 han enviado sus respuestas; en ellas han participado al menos un organismo público de cada uno de los estados miembros y representantes del sector privado de 14 de los Estados miembro.
De estos últimos, un importante número de productores manifestaron un interés notable en la protección de este tipo de productos y casi un 70€ de los encuestados conocía la materia sobre la que se le estaba preguntando. Además, un 86€% expresó su deseo de proceder al registro de estos productos, aunque solo 20 productores cumplían con los requisitos que el reglamento exige.
Hay que destacar que muchos de estos productores tienen menos de 10 empleados y una facturación anual de menos de 2 millones de euros.
En cuanto al sector público destaca el alto nivel de participación de España, Italia y Portugal. Este estudio también revela que 8 estados miembros tienen la intención de solicitar la exención de la vía nacional del artículo 19 del Reglamento y hay otros tres que aún lo están evaluando.
El estudio concluye poniendo de manifiesto que, aunque existe un alto grado de interés en la protección de los productos artesanales e industriales tanto en el sector público como en el privado, la capacidad para implementar esta nueva regulación varia mucho de un país a otro.
Noelia Gutiérrez
Abogada
