El Ministerio del Interior ha dado a conocer las estadísticas de las intervenciones de falsificaciones llevadas a cabo en 2023. Éstas han revelado la incautación de más de 3,6 millones de productos falsificados, cuyo valor en el mercado habría sido de 149 millones de euros.
Para sorpresa de nadie, el sector textil es el más afectado por las falsificaciones – 62%, con un total de 2.274.654 productos incautados en toda España, seguido por el de los juguetes – 13%, marroquinería, complementos y calzado.
En relación con los lugares donde se ha incautado mercancía, la mayor parte de los productos falsificados se ha encontrado en naves, fábricas y almacenes – 67,8%, seguidos de establecimientos comerciales – 18,4 % y domicilios particulares – 5,1 %. Las comunidades autónomas con el mayor número de artículos falsificados incautados son Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Región de Murcia.
La incautación de productos falsificados es crucial para la protección de los derechos de propiedad industrial. Este tipo de acciones no sólo protege a los consumidores de posibles riesgos asociados con productos de baja calidad y potencialmente peligrosos, sino que también asegura que las empresas innovadoras puedan cosechar los frutos de sus inversiones en investigación y desarrollo y velan por un sistema de competencia justo y transparente.
En este contexto, es relevante mencionar la reciente sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (sentencia 682/2024 de 27 de junio) en la que se ratifica la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal y ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid, a varias personas por la comercialización de prendas de vestir falsas desde un local de la ciudad de Madrid. El Tribunal subraya que la certeza del consumidor de que está adquiriendo un producto falso no neutraliza la comisión de un delito contra la propiedad industrial. Este fallo judicial respalda las labores de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha contra las falsificaciones, protegiendo tanto a los consumidores como a las empresas legítimas de los perjuicios asociados a la falsificación.
Paula Cerrillo
